La violencia de género digital es una de las caras más desconocidas de la violencia machista. Vulnera de manera directa nuestros derechos, nuestra libertad y nuestra seguridad dentro de la vida pública y la digital. Desde ACADAR un año más nos sumamos a CEMUDIS, La Confederación Estatal de Mujeres y Niñas con Discapacidad, para poner el foco en la escalada de esta violencia que traslada las agresiones verbales y psicológicas del mundo físico al entorno virtual, donde se engrandecen y amparan bajo el paraguas del anonimato.
El impacto de esta forma de violencia digital no se limita a la inmediatez de la agresión; su difusión, permanencia y alcance multiplican sus consecuencias, generando un mayor daño, aislamiento y exposición para las mujeres y niñas con discapacidad.
Según el Informe de la Asociación Stop Violencia de Género Digital, solo en el primer trimestre de 2025 se atendieron 496 personas, de la cuales, un 70-75% fueron mujeres, lo que significa que somos el grupo poblacional más expuesto a esta nueva cara de la violencia de género.
Las formas que adopta esta violencia son múltiples: ciberacoso, sextorsión, doxing, grooming, suplantación de identidad, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, y el preocupante auge del uso de las deepfakes sexuales, donde el 90% de los casos detectados son pornográficos y mayoritariamente dirigidos contra mujeres.
La geolocalización, integrada en apps cotidianas como Whatsapp, mapas o servicios de “encontrar mi dispositivo”, se convierte en una amenaza invisible cuando se usa sin consentimiento o bajo presión, permitiendo el control silencioso de desplazamientos y rutinas. La línea entre la seguridad y el control se difumina cuando esta práctica se lleva a cabo mediante la manipulación.
En el caso de las mujeres y niñas con discapacidad, se suman riesgos específicos derivados de la exposición digital y de las barreras estructurales y sociales que agravan esta violencia. Así lo recoge la Guía de violencia sexual digital hacia niñas y mujeres con discapacidad, publicada por ACADAR, que visibiliza cómo estas violencias no solo afectan a nuestra seguridad, sino también nuestras oportunidades de participación social, acceso a derechos y representación en los espacios públicos y digitales.
Para las mujeres y niñas con discapacidad, sumar esta violencia digital a la discriminación interseccional y al sesgo tecnológico aumenta la situación de vulnerabilidad. La fundación CERMI Mujeres destaca que el diseño de tecnologías con sesgos machistas y capacitistas intensifica nuestra exclusión, y que la presencia de un solo 12% de mujeres en el desarrollo de IA agrava esta realidad.
El estudio ODISMET revela que las mujeres con discapacidad viven acoso sexual digital, amenazas y control en proporciones mayores a la media, afectando directamente a nuestra autoestima y a nuestra libertad de expresión. La violencia de género digital no es una experiencia aislada, tiene consecuencias devastadoras en la salud mental, la seguridad y la participación pública.
Por ello, la protección efectiva frente a la violencia —digital o física— debe ser una prioridad real. Los recientes fallos detectados en el sistema de pulseras telemáticas de control de agresores, como errores en la geolocalización, pérdida de datos o alarmas defectuosas, ponen en evidencia la fragilidad de los mecanismos actuales y la desprotección en la que quedan muchas mujeres, especialmente aquellas con discapacidad. Esta realidad demuestra que no basta con legislar o crear herramientas: es imprescindible que los poderes públicos asuman su responsabilidad, asegurando que los sistemas de protección sean accesibles, fiables y estén correctamente implementados. La negligencia institucional no puede formar parte del proceso de recuperación de quienes ya han vivido violencia.
La violencia digital está también vinculada a la circulación de material audiovisual y contenido sexual falso que busca difamar, desacreditar y silenciar a mujeres activistas, profesionales y líderes. Estas prácticas no solo multiplican la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad en los espacios públicos, sino que constituyen un mecanismo de control y exclusión. Su impacto es demoledor: destruye la reputación, erosiona la credibilidad, empuja al aislamiento social y deja graves secuelas psicológicas, perpetuando así un entorno hostil que nos niega el derecho a participar en igualdad en la vida pública y digital.
La IA (Inteligencia Artificial), pese a ofrecer oportunidades para la inclusión, bajo un diseño sin regulación firme, sigue representando y reproduciendo prejuicios del mundo patriarcal y capacitista, fortaleciendo así la exclusión y la discriminación hacía las mujeres y niñas con discapacidad. Por ello es urgente que las políticas públicas vigilen el desarrollo tecnológico para garantizar que se atiendan las diversidades de todos los grupos poblacionales.
Desde ACADAR instamos a que se desarrollen marcos legislativos claros que regulen la IA, pues su falta de control abre la puerta a nuevas formas de violencia y discriminación contra las mujeres y niñas con discapacidad. Regular la IA no es solo una cuestión técnica: es una cuestión de justicia social, de equidad y de derechos humanos.
Reclamamos datos inclusivos, comunicados accesibles, formación digital y espacios de gobernanza compartida. Solo con una estrategia feminista y con perspectiva de discapacidad podremos garantizar una vida digital libre de violencias y desigualdades.
Por todo ello, ACADAR junto a CEMUDIS y sus entidades confederadas, reivindicamos:
La violencia digital es violencia de género y supone una amenaza directa para el ejercicio de nuestros Derechos Humanos. Por ello, desde CEMUDIS exigimos compromiso, políticas firmes, controles tecnológicos y un pacto social que defienda a todas las mujeres y niñas con discapacidad, para construir una sociedad digital segura, accesible y libre de sesgos patriarcales.
Porque lo virtual también es real. Y prevenir la violencia digital es responsabilidad de todas las personas.
