3 de diciembre: la fecha que visibiliza la desigualdad en el cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad
En el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, COGAMI y sus 56 entidades miembro reclaman derechos para un grupo social que supone el 9% de la población española, es decir, en un de cada cinco hogares reside una persona con discapacidad, según datos recogidos en la encuesta sobre discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Este estudio recoge también que Galicia somos la Comunidad con la mayor tasa de discapacidad siendo 116 personas por mil habitantes.
El mes de diciembre es el mes de la visibilidad de la discapacidad, las entidades salen a la calle para que los poderes políticos se impliquen y tomen conciencian de que hay muchas personas, hombres, mujeres, niñas y niños que, junto con las propias familias, viven una vida marcada por el incumplimiento de sus derechos. Poder elegir como vivir nuestra propia vida de manera activa, precisa de una sociedad preparada y exenta de barreras psicológicas, sociales, mentales y físicas.
La desigualdad en el ejercicio de los derechos parte del contexto de discriminación estructural y histórico que se incrementa cuando los recursos existentes no alcanzan a las personas con discapacidad de manera efectivo, como la raíz de las demoras en la obtención de la valoración del grado de discapacidad, los aplazamientos y retrasos en la implementación de la accesibilidad universal en los distintos ámbitos, la denegación de ajustes razonables, o en la insuficiencia de medios y recursos para garantizar una vida autónoma y en comunidad, entre otros.
La obtención del certificado de discapacidad es necesario para poder optar a recursos, y que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones. Por lo tanto, desde COGAMI se le reclama a la Administración que agilice los procedimientos encargados de la valoración del grado de discapacidad y, que tenga en cuenta especialmente las necesidades de las personas con discapacidad orgánica, que vienen recogidas en el nuevo baremo de valoración de la discapacidad.
Uno de los retrasos que más afecta a las personas con discapacidad es poder acceder a recursos del catálogo ortoprotésico, y que en Galicia sigue sin ser actualizado con las últimas incorporaciones de productos de apoyo que están recogidos en el Sistema Nacional de Salud.
La discriminación de las personas con discapacidad sigue presente en todos los ámbitos: el educativo, laboral, social, sanitario, judicial, legislativo, y un largo etc. Nuestra sociedad, nuestro país, nuestras parroquias mejoraron en muchos aspectos, pero aún queda mucho para poder vivir en igualdad de oportunidades y no discriminación. Como prueba están las denuncias de familias cuando sus hijas y hijos están en edad escolar. En nuestro país, el sistema educativo es obligatorio desde los 6 hasta los 16 años, por lo tanto, los centros escolares tendrán que contar con los medios y profesorado de apoyo acomodado a las necesidades de su alumnado con discapacidad. Las niñas y niños con discapacidad tienen el mismo derecho y deber de ir a la escuela que el resto, por lo tanto, los centros escolares tienen que adaptarse y suministrarles los apoyos que precisen, desde lo transporte escolar hasta la accesibilidad en las instalaciones, los apoyos técnicos y la contratación de personal de apoyo y cuidador, según las necesidades de los menores, garantizando así una educación inclusiva, real y efectiva.
Las limitaciones que existen durante la preparación suponen más trabas de cara a la inclusión de la juventud con discapacidad que cuenta con tasas superiores de desempleo a las personas que no la tienen y, en el caso de poder insertarse en el comprado laboral, es en puestos de baja cualificación.
Seguimos con los menores, hablamos de las niñas y niños que van a ser parte del futuro de nuestro país. En Galicia hay 8.379 menores con discapacidad con edades comprendidas entre los 0 y los 15 años, el 10% de estos con movilidad reducida. A día de hoy, estas niñas y niños viven muchas situaciones discriminatorias que vulneran sus derechos fundamentales motivadas por la invisibilidad, por la escasez de apoyos que necesitan para su autonomía personal y escolarización, sin olvidar la sobreprotección. La falta de recursos desde el nacimiento condiciona el bienestar y el ejercicio de los derechos, y esta desigualdad que se origina en la infancia, se perpetúa en la edad adulta, por lo que hace falta garantizar el acceso a servicios de atención temprana en el entorno y su continuidad a partir de los 6 años.
Asimismo, es importante que todos los servicios no estén solo situados en las ciudades porque esto fomenta que la desigualdad se acreciente cuando las personas con discapacidad residen en el rural. Necesitamos que los recursos lleguen a todo el territorio, para que las familias no tengan que marchar a las ciudades y salir de su núcleo para acceder a los recursos necesarios.
En Galicia tienen reconocido el certificado de discapacidad un total de 125.030 mujeres, representando el 51% de la población total de personas con discapacidad, de las que 2.023 están entre los 6 y los 15 años. Pese a ser mayoritarias, las mujeres con discapacidad se enfrentan la una discriminación interseccional. Es indispensable que todas las medidas y acciones dirigidas a erradicar cualquier forma de violencia tenga en cuenta a las mujeres y niñas con discapacidad así como la supervisión de su cumplimiento. Para romper esta cadena, cara ellas anualmente se dirigen programas de empoderamiento y capacitación para que puedan decidir sus proyectos de vida.
COGAMI y sus 56 entidades miembro trabajan por el cumplimiento de la legislación, asesorando a las personas con discapacidad y denunciando cuando estos derechos son vulnerados, como lo del acceso al empleo. Para un colectivo con tasas de paro que doblan a la de la población total, en el caso de mujer con discapacidad aún incrementa más, la inserción laboral siempre fue una materia pendiente. Aunque mejoró, hay que decir que el mercado laboral sigue a no ser inclusivo para las personas que tienen discapacidad.
Cada vez son más las empresas que ponen en valor la inclusión laboral, pero no llegan a abarcar a la totalidad. Desde las entidades sociales que representan a personas con discapacidad, se realizan acciones de sensibilización e información orientada al empresariado. Para una persona con discapacidad el trabajo es más que un derecho, supone una oportunidad encaminada la una vida digna y estable, fomentando su participación en la sociedad, la mejora de la autonomía personal y combatir la discriminación por la falta de oportunidades en igualdad de condiciones.
Alguna de las medidas de inserción que se proponen a la Administración es la reserva por ley de contratos destinados a personas con discapacidad, a continuación de las ayudas para la adaptación de los puestos y la eliminación de barreras en los centros de trabajo y hacer seguimiento de las empresas que, con 50 o más personas contratadas, no realicen la reserva de empleo a personas con discapacidad, ejecutando las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley.
El colectivo de la discapacidad, cuando tenía cero oportunidades para trabajar por cuenta ajena, cuando tenía totalmente cerrada la puerta del empleo, optó como salida a apertura de iniciativas de economía social para crear dentro del propio colectivo oportunidades laborales. Con el fin de que estos centros especiales de empleo continúen en el tiempo, debe existir un compromiso firme en la apuesta por la economía social, con la adopción de medidas para paliar las consecuencias de las crisis económicas que en los últimos años los están impactando de lleno – la pandemia, a post-pandemia, los combustibles, la guerra de Ucrania - y favorecer la recuperación tanto a corto como a medio plazo.
Una sociedad que diseña teniendo en cuenta la accesibilidad universal será una sociedad que contemple a todas las personas en cualquiera que sea su condición. A día de hoy, existen personas prisas en sus propias casas porque la comunidad no permite la instalación de un ascensor, por lo que es necesario implementar medidas dirigidas a la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal pero también impulsar medidas efectivas dirigidas a la financiación de obras y actuaciones para la mejora de la accesibilidad que facilite la autonomía y la vida independiente. Entendemos fundamental y urgente el desarrollo reglamentario de la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad de Galicia, que constituye una pieza clave para la aplicación plena de dicha norma, teniendo en cuenta la evolución normativa en materia de accesibilidad de los últimos años. Asimismo, las administraciones deben hacer un seguimiento del cumplimiento de la norma en materia de accesibilidad de todas las actuaciones urbanísticas, espacios públicos, transportes y/o servicios que se realicen, con especial incidencia en el campo local.
Los proyectos de infraestructuras u obras de nueva construcción deben ir acompañadas de estudios previos de accesibilidad y hace falta realizar inversiones en la mejora de la accesibilidad, actuando de acuerdo a planes integrales con una Comisión técnica de accesibilidad como organismo de seguimiento de la aplicación de la ley y que cuente con la participación de entidades del movimiento asociativo de la discapacidad. Necesitamos más viviendas de protección oficial públicas y estas deben ser accesibles y con un porcentaje de reserva a personas con problemas de movilidad.
España es uno de los países receptores a nivel mundial de turismo y Galicia, es una de las comunidades que está incrementando número de visitantes cada año. Si las infraestructuras, servicios, actividades y productos que se ofrecen son accesibles, se posibilita que la cuota de mercado incremente porque se abre a una clientela potencial y real que son las personas con discapacidad. El turismo accesible abarca desde el hotel hasta el transporte, el acceso a museos, a arenales, a restaurantes, cafeterías o paseos por los espacios públicos. Promocionar el turismo y el ocio inclusivos beneficia a toda la comunidad, no solo a las personas con discapacidad, también a las empresas del sector porque su clientela se verá incrementada.
Es necesario que las administraciones se comprometan para que las leyes sean contundentes, para que exista un compromiso por hacer inspecciones unidas a un régimen de sanciones cuando existan infracciones.
Las organizaciones de la discapacidad demostraron ir por delante acercando una red de apoyos y acompañamiento, que dan respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad, y sin los cuáles sus proyectos de vida y su participación social no sería posible, por lo que reivindicamos una revisión del modelo de financiación y respaldo a las entidades que garantice la sostenibilidad de los apoyos a las personas con discapacidad y a sus familias.
Por tanto, desde COGAMI y su movimiento asociativo reclamamos que se garanticen mecanismos sólidos y eficaces de vigilancia de los derechos, para que no sigan produciéndose discriminaciones por razón de discapacidad.
